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jueves, 28 de mayo de 2015

Sin perdón a hijo de magistrada Stalling

La jueza Silvia de León, resolvió ligar a proceso a Otto Molina Stalling, hijo de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling, (quien ahora tiene licencia de un mes, sin goce de sueldo),  por los delitos de asociación ilícita y cobro ilegal de comisiones; De León, determinó falta de mérito por el delito de tráfico de influencias.

Herberth García Granados, quien laboraba en la droguería PISA de Guatemala y señalado de ser socio de Molina Stalling, fue ligado a proceso por asociación ilícita al igual que el médico del IGSS, Arturo Castellanos Poou.

Los directivos de PISA, Edgar René de la Peña y Ramiro Armando Lorenzana, fueron ligados a proceso por cohecho activo y asociación ilícita. Mientras que las integrantes de la Junta Licitadora, Carmen Gil, Doris González, Delia Castañón, Mayra Gómez y Alba Maldonado fueron ligadas a proceso por fraude. Sobre la actuación de la Junta de Licitación la juez indicó que es responsable de adjudicar un evento del cual ha conocido y que no se trata de compra de escritorios o computadoras, sino de servicios de salud.

La licitación era un evento de servicios, conocieron que el único ofertante no tenía la capacidad de ofrecer el servicio, dijo de León.

César Calderón, abogado de Juan de Dios Rodríguez, presidente de la Junta Directiva del IGSS, dijo a la juez que si existieron anomalías en el contrato, el proceso debió debatirse por la vía de lo contencioso administrativo y no por la vía penal. Además, el abogado, indicó que la Junta Directiva no tuvo participación en las supuestas negociaciones ilícitas que el Ministerio Público señaló.

Asimismo los miembros de la Junta Directiva, Juan de Dios Rodríguez, Julio Suárez, Jesús Oliva, Erwin Castañeda, Max Quirín y Julia Lotán  fueron ligados a proceso por el delito de fraude; el subgerente administrativo del IGSS, Álvaro Dubón, también fue ligado a proceso por el mismo delito. Según la juzgadora fueron irresponsables por el hecho de no revisar la documentación y haber confiado en la recomendación de la gerencia. "La función pública no es delegable, no podían decir que solo recibían y firmaban", indicó.

Asimismo señaló que no es cierto que la JD solo da un visto bueno o firma los documentos que otros les pasan; su obligación era cumplir con esas atribuciones. Se debe reprochar la falta de previsión, añadió. Durante su razonamiento, De León dijo que el uso de interceptaciones telefónicas utilizado durante la investigación era permitido, ya que existe asociación ilícita; asimismo señaló que los audios de las llamadas no pueden ser descartadas en esta etapa procesal.

Previamente los abogados defensores señalaron que el proceso de licitación y adjudicación del contrato por más de Q116 millones a Pisa se hizo de acuerdo a lo que exige la Ley.

"Se habla de un supuesto soborno para conseguir el contrato, pero ¿dónde está esa llamada que confirma el negocio?", argumentó el abogado David Pineda, defensor de Ramiro Lorenzana, directivo de Pisa.

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