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viernes, 10 de julio de 2015

Movimiento pro Justicia llama a no aceptar la inscripción de candidatos delincuentes

El Movimiento pro Justicia se sumó a las expresiones ciudadanas, que en semanas recientes han emprendido jornadas de lucha ética y moral contra hombres y mujeres que, habiendo ejercido el poder público desde los diferentes poderes del Estado, han traicionado el voto de la población. Un comunicado del Movimiento pro Justicia, titulado ¡No aceptemos la inscripción de candidatos delincuentes! ¡No votemos por criminales! señala que desde abril pasado el Ministerio Público y la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) iniciaron una fuerte cruzada contra grupos criminales y redes de corrupción que anidan en el Estado. A partir de este momento se empezó a configurar un clamor político y social por el desmantelamiento de esas estructuras delincuenciales; incluyendo la exigencia por la sanción de funcionarios, empleados y dirigentes políticos que por décadas han utilizado el poder púbico para enriquecerse ilegalmente y salir impunes. Ante esa conspiración, la población está indefensa y expuesta a situaciones de muerte, violación de derechos humanos, hambre, enfermedad y toda clase de carencias, porque la fuerza y las finanzas del Estado se orientan a proteger a los corruptos y criminales que pululan en los pasillos del poder público; mientras tanto, la gente no tiene acceso a seguridad, salud, justicia, educación o empleo. Para el Movimiento pro Justicia no es extraño que, en uso de su derecho de petición y libertad de expresión, la ciudadanía demande ¡No más de lo mismo!; se ha exigido a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que denieguen la inscripción de aquellos hombres y mujeres, cuya trayectoria personal, profesional, gremial o política, tenga tacha. No pedimos que la autoridad electoral tome funciones propias de la justicia penal. Demandamos que el TSE cumpla con el sentido filosófico, moral, intelectual y político que determina nuestro ordenamiento jurídico, social y político, subrayó. La actuación de los magistrados y funcionarios del Tribunal Supremo Electoral será estratégica para procurar, a favor de la ciudadanía guatemalteca, opciones electorales más cercanas a lo idóneo, negando la inscripción a quienes ya han ejercido el poder público y lo han utilizado para enriquecerse mediante vías amorales e ilegales, indicó. Finalmente, la entidad exige que el TSE deniegue la inscripción a quienes buscan seguir ejerciendo poder público porque ellos, lejos de gestionar bienestar social y desarrollo, se han preocupado en exclusiva por enriquecerse a costa del sufrimiento y la precariedad de quienes claman salud, justicia, seguridad, educación, empleo y respeto por su dignidad.

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