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viernes, 24 de julio de 2015

Relatoría manifiesta preocupación por uso de programa de vigilancia de comunicaciones

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mostró su preocupación por el uso de programas de vigilancia a las comunicaciones electrónicas por parte de gobiernos de la región, práctica que vulnera los derechos a la intimidad, a la libertad de pensamiento y de expresión. Los Estados deben revisar la legislación pertinente y modificar sus prácticas sobre vigilancia, con la finalidad de asegurar su adecuación a los principios internacionales en materia de derechos humanos, señaló la oficina a través de un comunicado. En los últimos días se expusieron públicamente al menos 400 GB de información de la compañía italiana Hacking Team, dedicada a la comercialización de software de espionaje a gobiernos o agencias gubernamentales; entre los documentos filtrados se incluían facturas, correos electrónicos y datos fiscales. Los programas de control remoto conocidos como "DaVinci" o "Galileo" están diseñados para evadir la encriptación en los computadores y teléfonos móviles, lo que permitiría sustraer datos, mensajes, llamadas, correos electrónicos y conversaciones de voz y mensajería instantánea. Hacking Team ha destacado que "la recolección de evidencia en los dispositivos monitoreados es silenciosa y la transmisión de los datos recolectados desde el dispositivo al servidor (del programa) está encriptada y no es rastreable". Organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación han señalado que algunos de los Estados de la región serían o habrían sido clientes de la compañía, y estarían utilizando el software sin tener un respaldo legal; luego de las revelaciones, algunos gobiernos han negado cualquier vínculo con la empresa, mientras que otros han dicho que adquirieron el programa al amparo de la ley para la prevención e investigación del crimen organizado y terrorismo. La Relatoría ha recalcado que la vigilancia de las comunicaciones y las injerencias a la privacidad que excedan lo estipulado en la ley, que se orienten a finalidades distintas a las autorizadas por ésta o las que se realicen de manera clandestina, deben ser drásticamente sancionadas. Asimismo, dijo que este tipo de programas debe estar establecido de manera clara y precisa en la legislación, ser verdaderamente excepcional y selectivo, y estar limitado a lo estrictamente necesario para el cumplimiento de fines como la investigación de graves delitos. Organizaciones de la sociedad civil de América Latina afirmaron que en la región Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México y Panamá han sido clientes de la compañía italiana. Denunciaron además que entre las instituciones que han recolectado datos electrónicos se encuentra la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), la Secretaría de Inteligencia de Ecuador (SENAIN), la Dirección de Inteligencia Policial de Colombia (DIPOL) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México (CISEN).

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