8 sep. 2015

MP recibió 2 mil 208 denuncias de posibles delitos electorales

La Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público (MP) recibió hasta las 20 horas del domingo un total de mil 425 denuncias telefónicas, 219 en sede de la Oficina de Atención Permanente y 477 por correo electrónico; además los fiscales recibieron en los distintos centros de votación un total de 87 denuncias. Entre los ilícitos cometidos se encuentra en acarreo de votantes en municipios del departamento de Quiché y en San José del Golfo, Guatemala, así como el supuesto pago de Q200 a los electores por parte de miembros del partido Libertad Democrática Renovada (LIDER). Vecinos de Escuintla denunciaron también que cuando acudieron al Instituto Carlos Samayoa, ubicado en el municipio de San José, en el listado aparecía que ya habían votado; en redes sociales y medios de comunicación ciudadanos en otras partes del país denunciaron irregularidades similares. La Fiscalía investiga también posibles alteraciones en el padrón electoral, pues los datos no coinciden con los datos del Registro Nacional de las Personas (RENAP) sobre las personas aptas para emitir el sufragio; la mayoría de denuncias de todo el país fueron en Chimaltenango, ruta a El Salvador y Escuintla. Thelma Aldana, Fiscal General, destacó que las elecciones generales se realizaron en un ambiente de mucha tranquilidad, aunque existieron algunos incidentes, los cuales aseguró, no influirán en el resultado final de las elecciones. La organización Guatemala Visible recibió 2 mil 500 denuncias de los ciudadanos por posibles irregularidades durante el proceso electoral, principalmente por la compra de votos y la propaganda electoral, pese a que ésta debía finalizar el pasado viernes. Se reportó también intimidación hacia los votantes, violación hacia el secreto del voto, amenazas por parte de partidos políticos, duplicación del voto y robo de identidad; las organizaciones más señaladas fueron LIDER, el partido oficial y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). En el municipio de San Sebastián, Huehuetenango, se impidió el acceso a los centros de votación a los observadores, mientras que en Totonicapán no dejaron ingresar a los fiscales de los partidos políticos al conteo inicial de votos. El Ministerio de Gobernación informó que al cierre de las elecciones se detuvo a 328 por distintos delitos, entre éstos 243 por violar la ley seca, 25 por disturbios y 16 por delitos electorales; la Ministra Eunice Mendizábal afirmó que en éstas elecciones se presentaron menos hecho de violencia, en comparación con las de 2011.

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