La solicitud de un grupo de jueces, magistrados y ex magistrados para que la magistrada Blanca Stalling, presidenta de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), deje su cargo voluntariamente por señalamientos en su contra por casos de corrupción que la implican a ella y a su hijo, ha generado distintas reacciones en el ámbito ciudadano, académico y judicial.
Ángel Pineda, vocero del Organismo Judicial, aseguró que la Corte Suprema de Justicia respeta la libertad de expresión de los jueces y ciudadanos que piden la renuncia de la magistrada y señaló que la Ley establece los procedimientos a tomarse en estos casos.
Otros sectores también consideran que la renuncia de la magistrada es oportuna en vista de que su presencia puede generar presión o tráfico de influencias sobre las decisiones de los jueces a cargo de los procesos penales a los que presuntamente está vinculada.
También debe considerarse el clamor de los ciudadanos que piden reiteradamente su separación del cargo para garantizar un proceso más transparente.
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