Diligencias desde tempranas horas

Las diligencias de este caso de corrupción en el congreso iniciaron ayer a las seis de la mañana, la actividad investigativa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la CICIG en el inmueble donde funciona Recursos Humanos del Congreso, terminó poco antes del mediodía. Los fiscales salieron portando varias cajas con documentos.

 

La Comisión Internacional Contra la Impunidad, CICIG y el Ministerio Público, MP, presentaron ante la Corte Suprema de Justicia, CSJ,   solicitud de Antejuicio  en  contra  del diputado Pedro Muadi Menéndez,  quien en su calidad de presidente del Congreso de la república trasladó a una de sus cuentas bancarias la cantidad del producto de 15 plazas que correspondían a miembros de su seguridad personal.

El Comisionado Iván Velásquez y la Fiscal General de la República Thelma Aldana, expresaron que estas investigaciones se venían realizando desde hace varios meses y que no se podía dar a conocer antes porque se hubieran borrado las evidencias que ahora se documentan a los tribunales.

Informaron que se trata de 15 contratos en el renglón  cero 22, autorizados en el Congreso de la república, correspondiente a 15 guardias de seguridad, asignados al diputado Pedro Muadi, en su presidencia del 2013. Los guardias fueron contratados y devengarían una cantidad mensual de Q8 mil quetzales, sin embargo se les pagaba en efectivo la cantidad de dos mil quetzales.

La fiscal explico que para sustentar la solicitud de antejuicio contra el parlamentario  se practico ayer varias diligencias en la oficina de recursos humanos del congreso de la república, en donde se obtuvieron fotocopias de estado de cuenta del dinero defraudado al congreso, que era depositado en cuentas cuyo propietario es el actual diputado  Muadi, quien busca su reelección por el partido CREO.

La fiscal explico que se adjunta a la solicitud de antejuicio contra Pedro Muadi un cuadro comparativo de cuentas bancarias  con el motivo de ilustrar a la Corte Suprema de justicia acerca de este ilícito cometido por el legislador.

Asimismo, capturaron a Claudia María Bolaños Morales y José Estuardo Blanco Aguilar, secretaria y jefe de seguridad de una empresa constituida como sociedad anónima, que según las investigaciones de CICIG, está vinculada a Muadi y su familia.

El Congreso depositaba un salario de alrededor de Q8 mil en cuentas de los trabajadores, pero el dinero era administrado por la secretaria de la empresa de Muadi, quien tenía su firma registrada en las cuentas bancarias y tenía en su poder sus chequeras, según las pesquisas. De esa manera, según las investigaciones, la secretaria entregaba Q2 mil mensuales a cada trabajador y el resto de dinero quedaba en su poder.