Editorial de laPrensa "Comunicación para la paz y el Desarrollo": Reformas constitucionales condenadas al fracaso

Basta con analizar la degradación en el funcionamiento de la mayoría de instituciones públicas y organismos de Gobierno, para afirmar que las reformas constitucionales están condenadas al fracaso; además de la inconsistencia de sus planteamientos, sobre todo ni siquiera tener bases de sentido común.

Sobre la controversial propuesta de reforma constitucional al sector justicia abundan todo tipo de análisis, político, jurídico, antropológico, sociológico, filosófico e incluso económico, pero en todos brillan  por su ausencia las mediciones específicas del impacto que tales cambios tendrán sobre el bienestar de los ciudadanos guatemaltecos.

No existe una identificación detallada de los factores que mejorarán con el producto de las reformas, la magnitud de dichas mejoras, el tiempo que se necesitará para alcanzar los resultados deseados, los recursos necesarios para llevarlas a cabo, ni los beneficios que otorguen los resultados ofrecidos.

"Si de verdad importara la mejora continua de la justicia, los promotores de estas reformas deberían hacer un compromiso creíble por la medición de resultados. Como mínimo deberían ser capaces de identificar la magnitud de la mejora esperada en tiempo y espacio". 

Estas enmiendas no pasan de ser un puro discurso ideológico, un conjunto de románticos anhelos imposibles de cumplir, decisiones idealizadas del mundo desconectadas de la realidad, o una simple imposición de una forma particular de concebir la justicia, como lo han planteado los ideólogos de estos cambios.

Vale la pena recordar que la Constitución de la República de Guatemala es nuestra ley magna, no es juguete de nadie; fue hecha por una constituyente y no se presta para estarla manoseando por antojo de algunos sectores de la sociedad que quisieran prebendas a su favor, sin que les importe, en mínima razón, la población en general. Por lo tanto, no a las reformas constitucionales.

Lo más conveniente es que la Constitución vigente sea conocida por todos los guatemaltecos, sin excepción, y no siga como un privilegio de quienes estudian leyes o dizque están estudiando, porque al aplicar la Carta Magna generalmente lo hacen sesgado a sus intereses personales o de grupos. El Gobierno, por todos los medios a su alcance, debe divulgar el contenido de la Constitución.