Futuro colgado con alfileres: Ileana Alamilla

Guatemala enfrenta un panorama enturbiado con los ánimos caldeados en el contexto previo a las elecciones generales del 6 de septiembre próximo, con más de 11 asesinatos vinculados a la política registrados en esta época, señaló Ileana Alamilla, en su columna "Eclipse", publicada en Prensa Libre. La columnista indicó que existen 74 municipios en alto riesgo de violencia electoral, según ha alertado el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), mientras que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha indicado que seis departamentos concentra hechos de violencia, además de que hay impugnaciones sin resolver, recursos pendientes y antejuicios a medias. A algunos sectores democráticos no les parece ahora que impere el famoso Estado de Derecho, ese que antes todo mundo clamaba, esa sujeción de gobernantes y gobernados al imperio de la ley; resulta que esa ley tampoco se ajusta a los deseos de los inconformes y quienes tienen potestad de cambiarla no tienen la disposición de hacerlo, anotó Alamilla. Políticos inescrupulosos encuentran, con ayuda de sus asesores, los subterfugios para violar las normas con la tolerancia de algunas autoridades, en tanto millones siguen con sus demandas por la investigación ausencia de medicinas en los hospitales, las enormes limitaciones en los centros de salud; personas que mueren por enfermedades prevenibles, subrayó. Además, en siete departamentos hay pérdidas del cultivo de maíz por la sequía que dañó 50 mil hectáreas; pobladores hartos de ofrecimientos cierran caminos y exigen la construcción de carreteras, resolución de conflictos, resarcimientos, rechazo a la minería e hidroeléctrica. Para Alamilla, la salud es un bien público y derecho humano, que sigue a la espera de que la crisis se resuelva; el Estado únicamente invierte el 1 por ciento del PIB, cuando lo necesario es al menos el 4 por ciento. Asimismo, subrayó que de cinco millones de jóvenes guatemaltecos, sólo el 31 por ciento tiene acceso a la salud básica y apenas un 23 por ciento logra entrar al nivel diversificado. Finalmente, Alamilla señala que la corrupción es estructural y afecta a los tres poderes del Estado, así como a la dignidad de las personas; drena los recursos que pudieran ser invertidos en la resolución de estas necesidades, aunque no es sólo eso lo que se requiere, pues a pesar del rechazo que provoca recordarlo, con esta carga tributaria no hay Estado que pueda atender las penurias sociales.