Relatoría para la Libertad de Expresión presentó estudio

Durante los últimos años los Estados de la región han implementado normas que garantizan el acceso de la ciudadanía a la información pública, para lo cual han creado organismos de supervisión, sin embargo muchos de éstos no cuentan con las facultades necesarias para emitir resoluciones vinculantes a las autoridades que violan estas leyes, señala un estudio elaborado por la Relatoría Especial para la libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El informe se basó en el análisis a ocho órganos garantes de este principio de Brasil, Canadá, Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, Jamaica, México y Uruguay. La Relatoría detalló que no todos estos organismo cumplen con los estándares interamericanos en cuanto a su independencia, autonomía y poder para resolver controversias. En algunos casos, los países han creado instituciones independientes especializadas en el acceso a la información, en otros, se ha nombrado comisionados o fundado unidades dentro de órganos ya existentes, como la Contraloría o el Ministerio Público; existe también un tercer grupo que han optado por establecer estas autoridades bajo la dependencia del Ejecutivo u entidades controladas por éste. Solo una minoría de los casos estudiados tiene el poder de emitir resoluciones vinculantes para las autoridades obligadas, como lo aconsejan los estándares, señala el informe. Los organismos de México, Chile, El Salvador y Honduras son los que pueden formular fallos vinculantes pero no definitorios, lo que ha ocasionado que los sujetos obligados impugnen las decisiones ante el Poder Judicial y retarden la información solicitada. Por su parte, los órganos de supervisión de Canadá, Estados Unidos y Uruguay solo pueden emitir recomendaciones destinadas a que las instituciones públicas que se niegan a entregar información revisen sus decisiones; en este caso los denuncias que busquen cumplir su derecho deben acudir al Poder judicial; el resto de los casos presentan otras particularidades, detalla el informe. Los países de la región deben continuar avanzando en su obligación de implementar una cultura de transparencia y garantizar el derecho de acceso a la información, para lo cual es fundamental la construcción de entidades de supervisión fuertes y con poder suficiente para cumplir los mandatos de transparencia, puntualizó la Relatoría. La oficina añadió que es importante que dichas entidades cuenten con presupuestos y personal adecuado, pues sin estos recursos resulta complicado cumplir con todas las funciones asignadas.